El inicio de los diálogos de La Habana se dio en
medio de enormes expectativas en el país y en el exterior, porque la mayoría de
los colombianos cree que es posible allanar el camino de la paz por la vía del
diálogo y de un acuerdo democrático político y social.
De todas maneras, en medio del optimismo
moderado, aparecen las dificultades, porque son evidentes las distintas
interpretaciones sobre la agenda, de su alcance como está previsto en el
preámbulo y en el contexto en que la misma se ubica en el Acuerdo General, así
como del papel y el espacio real que debe tener la participación ciudadana, en
particular las organizaciones sociales, sindicales y populares que son las más
afectadas por el conflicto y que viven en carne propia la acuciante
problemática social del país.
Las posiciones ideológicas son antagónicas,
obedecen a dos concepciones diferentes de la realidad del país. El Gobierno
Nacional no puede soslayarlo con el argumento equivocado de Humberto de la
Calle Lombana, cabeza del equipo gubernamental, quien argumenta que en La
Habana no se va a debatir ideología ni a hacer discursos. Por supuesto, que se
van a debatir ideologías, no en la idea que una parte debe cooptar a la otra,
ello es imposible, pero sí para marcar las diferencias y buscar los acuerdos
concretos en medio de las diferencias. Para ello es el diálogo. De lo contrario
no tendría sentido.
Los voceros del Gobierno deben abandonar la
visión limitada y prepotente, porque creen que tienen dominada a la
insurgencia. Esta no llega vencida ni doblegada, como sus representantes lo han
dicho una y otra vez, tienen la moral en alto y están animados de creatividad y
espíritu constructivo.
De entrada, las FARC-EP decretaron para
ambientar el diálogo, un cese de fuegos y de hostilidades que será vigente
desde el 20 de noviembre del presente año hasta el 20 de enero de 2013. El país
podrá disfrutar de la navidad y de las festividades de fin de año en paz y
tranquilidad, si el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón lo permite. Porque
su ánimo belicista, propio de una marioneta del militarismo y del uribismo, lo
ha colocado en la condición de enemigo de la paz. Quiere dinamitar la mesa de
La Habana. No se sabe si esa actitud es concertada con el alto Gobierno para
que juegue el papel de “niño malo”. A la hora de la verdad es la vieja táctica
del establecimiento de golpear a la guerrilla, para llevarla derrotada a la
mesa de rendición. Por cierto, fracasada a lo largo de tantos años intentos de
buscar la salida política democrática del conflicto colombiano.
El Gobierno Nacional está en deuda con el país,
porque hasta la fecha no ha hecho ningún gesto de paz, distinto a sentarse en
la mesa de La Habana. La política social no es de reconciliación, sino de
fortalecimiento del modelo económico de acumulación capitalista, inspirado en
el neoliberalismo de mercado, en crisis en el mundo, que busca la confianza
inversionista en favor del gran capital, de los monopolios, del sistema
financiero y de las transnacionales. En el fondo, pareciera querer la paz pero
no para fortalecer la democracia y la justicia social, sino para favorecer los
negocios de los ricos nacionales y extranjeros que se lucran del trabajo y de
la riqueza nacional.
Por esta razón, es importante la participación
social y popular en espacios que sobrepasen la fría oferta de la internet que
hace el Gobierno Nacional.
La profundidad de la agenda va a depender de las
exigencias de la participación popular, no cabe la menor duda. El diálogo de La
Habana tiene sentido si va a lo profundo de las causas del conflicto y de las
principales necesidades nacionales para disminuir la pobreza y la desigualdad.
De lo contrario no habrá paz. Esta, para que sea estable y duradera, requiere
de cambios democráticos y sociales.
¿Qué garantiza la igualdad de partidos y movimientos
políticos, antiguos y nuevos? Podrá ser democrático el espacio político en las
condiciones de hoy cuando campea la violencia del Estado, la parapolítica, el
clientelismo, la corrupción y la impunidad de los crímenes de Estado que quiere
ser apuntalada con el fuero militar? ¿Podrá haber reforma agraria sin tocar la
concentración de la propiedad sobre la tierra? ¿Podrán disminuir la pobreza y
la desigualdad con la reforma tributaria que libera de impuestos a los ricos y
endurece con los pobres?
¿Con la actual concepción de seguridad nacional
de las Fuerzas Militares y de su estrecha relación con el paramilitarismo está
asegurado el fin del terrorismo de Estado?
Son preguntas que deben tener respuesta. No
sirve la posición oficial que mete la cabeza en la tierra ante temas
trascendentales. Como se ven son marcadas las diferencias, no solo en la mesa
sino con las organizaciones del pueblo que no tienen asiento en ella. El
Gobierno debe modificar la actitud de prepotencia para que fluyan el diálogo y
los acuerdos.
FUENTE SEMANARIO VOZ
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