¿Cómo superar el acaparamiento y la inflación en Venezuela?.

Por: Integración Universitaria
Pedro Rodríguez
Fecha de Publicación: 17/04/2012

El enriquecimiento y fortalecimiento de los grandes monopolios a costa del pueblo en Venezuela, es el objetivo de la oligarquía, que ha venido utilizando el acaparamiento y la especulación para lograr sus fines. Lo que ha pasado en los últimos años con los productos de la cesta básica y otros rubros de igual importancia para las familias venezolanas, no es extraño, los intermediarios (que también sacan provecho) y los grandes propietarios (que sólo se interesan en acumular ganancia)  juegan un papel crucial en los altos costos de los productos que desaparecen en determinados momentos. Este mecanismo también es usado para desestabilizar la democracia y buscar la salida del gobierno bolivariano, pues sube el costo de los principales productos de necesidad, promoviendo el miedo y el descontento popular.

El gobierno bolivariano ha ejecutado una serie de medidas para el combate contra el acaparamiento y la especulación, pero se enfoca más en una excesiva importación de bienes y servicios, y algunas medidas legales  que desafortunadamente no van al fondo del problema en cuestión. No ha avanzado el  seguimiento, la planificación y el control de la inversión del estado venezolano para la solución de esta problemática.

Es común ver a los voceros de la clase media, algunos representantes de la oligarquía, y a los políticos de oposición, hablar sobre el alto precio de la “cesta familiar” para confundir y asustar al pueblo, acusando al gobierno y a la Revolución de ser los causantes de este flagelo, desentendiéndose de esta manera, y manipulando al pueblo sobre las verdaderas causas del problema.

Desde este contexto, en Venezuela nace el Decreto Ley de Costos y Precios Justos, aprobado el 24 de Julio del 2011 por el Presidente de la República, y que en su justificación dice textualmente:

El Decreto Ley de Costos y Precios Justos (LCPJ) fue creado con el objeto de establecer las regulaciones y los mecanismos de administración y control, necesarios para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios de toda la población en igualdad de condiciones.

Este decreto Ley viene a jugar un papel fundamental para propiciar la regulación y control sobre los abusos permanentes generados por los grandes especuladores y acaparadores, sin embargo está comprobado que las salidas legales en Venezuela, no son suficientes.

Han existido iniciativas anteriores con las cuales el gobierno ha intentado resolver la problemática especulativa en Venezuela, no sólo legales sino institucionales, tal es al caso del INDECU, o recientemente INDEPABIS, también se han conformado Frentes Contra la Especulación, los cuales no han sido lo suficientemente eficientes, debido a que en primera instancia, no se puede regular el mercado dentro del sistema capitalista, en segunda instancia las instituciones venezolanas no son efectivas a la hora de ejecutar sus políticas y en tercera instancia no hay una vinculación estrecha, entre las instituciones y el pueblo organizado que permita supervisar, decidir y sancionar a los especuladores y acaparadores.

El mercado es una creación del sistema capitalista y por lo tanto su lógica consiste en la ganancia y acumulación máxima de capital - dinero, recursos y poder - es por esto que el mercado no podrá ser regulado pues este soporta y mantiene la hegemonía capitalista.

Por otra parte, en pleno desarrollo histórico de la revolución bolivariana y en una etapa declarada en transición al socialismo, aún la institucionalidad no supera la burocratización, sumado a la incapacidad de la dirigencia política en la búsqueda de soluciones que permitan resolver el problema de raíz, bien por conveniencia o por desconocimiento, es por eso que las medidas tomadas hasta el momento han sido superficiales e ineficaces, aumentando la insatisfacción nacional y manteniendo intacto los intereses de los poderosos.

Haciendo una necesaria comparación con la historia de otros pueblos, pudiéramos recordar la experiencia chilena sobre este tema en particular. Con la llegada del gobierno revolucionario de Salvador Allende comienza una oleada de sabotajes por parte de los oligarcas para desestabilizar el gobierno, que los obligó a tomar una serie de medidas para dar respuestas al acaparamiento y la especulación. Es por eso que ante este intento de boicoteo nacen  las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), con la finalidad de dar respuesta a esta situación promovida por la derecha. La JAP eran organizaciones populares que en conjunto con el estado tenían la atribución de tomar decisiones y ejecutar sanciones en contra de los especuladores y acaparadores; su esencia radicaba en que el estado chileno le concedía beligerancia al pueblo organizado, quien directamente era el afectado y por tanto conocía  quienes eran los responsables directos, de esta manera se daba una respuesta política a un problema político.

En el caso venezolano, el pueblo cuenta con un amplio apoyo del gobierno revolucionario en la transferencia de poder a las comunidades, a través de leyes y de políticas de gestión social (redes de distribución de alimentos como MERCAL, PDVAL y Abastos Bicentenarios), sin embargo hace falta aún, crear políticas económicas que aceleren la transición al socialismo, como por ejemplo impulsar los regímenes de propiedad social que permita ir superando la visión egoísta de la propiedad privada sobre los medios de producción, así como también superar las  importaciones excesivas aumentando la producción agroalimentaria, y de bienes y servicios nacional, fomentando la plena soberanía e independencia alimentaria. Esto se puede lograr fortaleciendo desde el estado la política de la siembra petrolera, que permita utilizar los recursos de la renta para incentivar la industrialización y las políticas intensivas de producción agrarias. Como el problema del alto costo de los alimentos no es legal sino político, es importante que el pueblo y los trabajadores se incorporen junto a las instituciones a la hora de abordar las actividades inherentes al diagnóstico, toma de decisiones y acciones a realizar para solucionar definitivamente esta situación.

Las medidas económicas deben ir acompañadas también de efectividad institucional, capacitando al personal directivo y operativo, incentivando la investigación sobre el origen de la sociedad, de los problemas a afrontar, la planificación nacional (para abordar las políticas en conjunto) y promoviendo la  formación política y técnica de los servidores públicos en cada área de acción. Lo fundamental es que pensemos como humanos, luego como ciudadanos y en última, pero no menos importante, también debemos pensar como servidores públicos. 

Por último como medida más importante, es la organización consiente del pueblo legitimado por el estado, que trasforma y se transforma a la vez, a través de un tejido social revolucionario que nos permita trascender de lo local hasta lo nacional, y sentar las bases para le creación de la conciencia necesaria  para la consolidación de una sociedad Socialista en permanente revolución.