El Frente de Mujeres del
PSUV-Mérida, reunidas hoy viernes 19 de agosto de 2011 en la Casa del Partido,
en solidaridad con una madre y trabajadora de nuestra revolución merideña y su
familia, manifestamos nuestro rechazo a las acciones cometidas y que están por
cometerse en contra de una familia de 4 personas (con una niña de 8 meses y una
niña de 7 años), cuando autoridades de Estado cumpliendo órdenes judiciales,
han arremetido en dos oportunidades en contra de esta familia y amenazan con
volver a intentar desalojarlos de su vivienda principal (la única que poseen) y
del hogar en que viven desde hace mas de un mes. Que están siendo amenazados
por las influencias políticas del Sr. Luis Enrique Montilla, Presidente de
Copei y profesor de la ULA, quien se escuda en una mujer para actuar de manera injusta,
procurando el perjuicio de una familia merideña.
Raquel Barrios y Luis Grisolía
(madre y padre de 2 niñas) son los legítimos dueños de un apartamento ubicado
en el Conjunto Residencial Simón Bolívar Los Frailejones, en el Sector La
Hechicera de la ciudad de Mérida. Inmueble que fuera dado en arrendamiento al
Sr. Luis Montilla en 2006 y que ha sido solicitado por su dueño desde 2007 pero
que el Sr. Montilla siempre se negó a desocupar, resultando en un procedimiento
judicial por el que existe un expediente en el que se encuentra un
convenimiento que estipula que el Sr. Montilla debió desocupar el inmueble el
07 de enero de 2011 o de lo contrario ocurriría el desalojo forzoso a través de
tribunales. En vista de que los desalojos forzoso fueron suspendidos por
Decreto Presidencial a finales de 2010, la Juez del caso decreto que debían
desocupar voluntariamente el 14 de enero de este año. El Sr. Montilla, quien es
propietario de una quinta a todo lujo en la Urb. La Pedregosa donde vive con su
esposa e hijos, y que según testimonio de los vecinos de las Residencias Los
Frailejones visitaba el apartamento ocasionalmente, no realizó los pagos de
condominio del apartamento desde octubre de 2009, dejando una deuda de Bs.
3.600,oo.
Mientras tanto los dueños del inmueble
con sus hijas pequeñas vivían alquilados y a la espera de que les fuera
otorgado su derecho a ocupar su vivienda propia. Y desde el mes de julio,
habitan en su apartamento por no tener más lugar a donde ir y ante la necesidad
de cumplir con su responsabilidad de brindar bienestar a sus hijas. A partir de
este hecho se han desencadenado una serie de irregularidades desde las
instancias que se supone deben velar por la protección a los ciudadanos
merideños, cuando se erigió una medida de incorporación a la vivienda de la
mujer a través de la cual actúa el Presidente de Copei, quien pretende el
desalojo de los dueños del apartamento y apropiarse del mismo, escudados en un
tribunal penal que obviando el debido proceso, ha negado el derecho a la
defensa de los dueños y ha ordenado a la Policía el Estado Mérida el desalojo
forzoso de esta familia con una medida judicial que dicta otra acción. Ya en
dos oportunidades se han presentado en el inmueble intentando sacar a los
dueños y sus hijas (en la primera con aproximadamente 30 policías y en la
segunda arremetida con aproximadamente 60 policías antimotines), pero no han
podido desalojarlos debido a la resistencia de los vecinos y comunidades que
solidariamente han impedido la violación de los derechos de los propietarios y
los derechos a una vivienda digna de las niñas.
Aun cuando una Juez fue
destituida del caso por las irregularidades cometidas, el Juez que actualmente
lleva el caso, Edgar Parra, en solidaridad con la juez anterior, pretende
ejecutar en los mismos término anteriores, una nueva acción en contra de la
familia agraviada, en esta ocasión acompañado también de la Guardia Nacional,
el día lunes 22 de los corrientes a las 2pm. Razón por la cual acordamos en
esta asamblea:
* Apoyo incondicional a Raquel Barrios, Luis Grisolía y sus dos hijas,
procurando contribuir a que se mantengan en el apartamento de su propiedad,
como es su legítimo derecho.
*
Contundente rechazo a las acciones previstas para el día lunes 22 de
agosto, y cualquier otra acción que amenace la integridad física y psicológica
de esta familia que se ha visto afectados por las injusticias cometidas contra
ellos.
*
La publicación del presente escrito con el fin de informar a la
colectividad merideña de los hechos que condenan los derechos de esta familia y
que deben repudiarse exigiendo el cumplimiento de las leyes propuestas por
nuestro Gobierno Nacional.
Los derechos de los/as
propietarios/as no deben violarse escudándose en los decretos presidenciales y
los jueces no deben actuar protegiendo a los cogollos en detrimento de
ciudadanos/as honestos. Exigimos que se haga justicia.
FRENTE
DE MUJERES DEL PSUV-MERIDA
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